Las encuestas bajo sospecha: ¿confiar o no confiar?

“Aunque no tenemos pruebas para afirmar que las encuestadoras nos manipulan, sí podemos plantear dudas razonables a sus resultados”.

En un contexto marcado por la incertidumbre política, los termómetros estadísticos de la opinión pública juegan un papel fundamental. Frente a un elevado porcentaje de ciudadanos que no tiene claro por quién votar, las encuestas delimitan el número de alternativas elegibles e influyen en quiénes están expectantes a los movimientos de la intención de voto. Este pragmatismo, que podría ser determinante en el resultado final de las elecciones, nos obliga a preguntarnos si realmente las encuestas son el reflejo de la realidad o se han convertido en actores políticos que pretender direccionar el destino del país.

Antes de cualquier valoración política debemos entender cómo funcionan las encuestas y analizar qué tan probable es que se equivoquen. Estos instrumentos recogen información a partir de una muestra, con la finalidad de conocer la percepción de todo un universo, siguiendo un proceso de muestreo. En otras palabras, esta metodología reconoce que en una población existen distintos grupos que actúan como unidades culturales (estratos), lo que explica por qué la opinión de una persona está influenciada por su nivel socioeconómico, edad o región donde vive.

Por ello, una encuesta tiene la capacidad de evaluar la percepción social de una población, en la medida en que respeta la configuración de sus distintos estratos. Empleando una analogía sencilla, medir la percepción social es como probar una porción de torta (muestra), donde no se necesita comer todo el postre para valorar su composición (universo). Desde luego que intervienen otras variables como el diseño del cuestionario, pero si asumiéramos como premisa que las encuestas se equivocan, estaríamos anunciando no solo el fracaso de la ciencia sociológica y estadística, sino también el fin de la mercadotecnia y de todo proceso de investigación basado en muestreos cuantitativos.

Los analistas suelen reconocer en el margen de error –calculado en función al número de cuestionarios aplicados– el principal dato técnico para valorar la calidad de una encuesta. Sin embargo, la fiabilidad de los resultados depende más del nivel de representatividad, es decir, de cómo se han distribuido los cuestionarios en los distintos segmentos de la población (aplicando un proceso de aleatoriedad). En otras palabras, más importante que conocer cuántas encuestas se han hecho, es fundamental saber dónde se han hecho las encuestas.

Lo llamativo es que la fiscalización de la representatividad es uno de los capítulos más polémicos de la relación entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las empresas encuestadoras. Por ejemplo, en el 2011 se planteó una modificación normativa donde se solicitaba que estas empresas entreguen la relación de encuestados, no para conocer su opinión política, sino para llamarlos por teléfono y verificar si se había respetado la pluralidad de segmentos de la población. En tan solo cinco días el JNE dejó sin efecto la modificatoria, argumentando no razones técnicas, sino discrepancias en la opinión pública.

Si bien en los últimos años ha mejorado la fiscalización a las empresas encuestadoras, solicitándoles, por ejemplo, información detallada sobre el trabajo de campo, el JNE todavía no cuenta con instrumentos contundentes, como una llamada telefónica o un informe de geolocalización, para verificar si realmente se cumple con la representatividad señalada en el informe técnico. Aunque no tenemos pruebas para afirmar que las encuestadoras nos manipulan, sí podemos plantear dudas razonables a sus resultados. Las encuestas de intención de voto del 2021 fueron un primer aviso.